Los trastornos mentales constituyen una pandemia silenciosa que ha afectado a México mucho antes del COVID-19, siendo la depresión, ansiedad y dependencia a las drogas, algunos de los responsables de generar mayor sufrimiento y discapacidad entre los afectados. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia ha habido un incremento de estas condiciones, así como en la demanda de servicios de salud mental.
Uno de cada cinco mexicanos tiene acceso a un tratamiento psicológico y psiquiátrico, según la OMS. Cada vez más mexicanos requieren de servicios para atender su salud mental durante la pandemia, sin embargo el costo de una consulta privada en México oscila entre los 500 y los 1.500 pesos, inaccesible para un país con más de 53 millones de pobres y más de 27 millones de trabajadores que ganan dos salarios mínimos al mes (5300 pesos) o menos, según datos oficiales.
El COVID-19 ha dejado grandes secuelas económicas, sociales y sanitarias. Uno de los problemas más severos y que ha pasado a segundo plano es la salud mental, lo que ha traído como consecuencia la reducción de presupuesto para la atención de servicios de la misma.
A pesar de las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de priorizar las políticas públicas respecto a la salud mental, para el año en curso se destinaron 3 mil 031 millones de pesos (mdp), teniendo una reducción del 0.1 por ciento, es decir 2 millones de pesos menos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021.
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